Los visitantes de la antigua Universidad de Heidelberg tienen la oportunidad de conocer su cárcel para estudiantes, hoy un museo. Cerró sus puertas apenas en 1914. El gobierno de Heidelberg había delegado en su universidad el enjuiciamiento de los estudiantes por delitos menores. Podía condenarlos a prisión en su propia cárcel universitaria.

Este es posiblemente el caso más extremo de la autonomía universitaria que, en diversas formas (menos radicales que la de la anécdota), ha estado vigente desde los comienzos de la universidad occidental, hace ya casi mil años. En algunos países es una costumbre que se convirtió en norma, aunque sin soporte formal. En otros adquirió carácter legal; en Colombia tiene rango constitucional.

No se trata de un privilegio de “cuna” ni de un mandato religioso. Es el resultado de una larga historia de ensayo y error en la cual se llegó, consciente o intuitivamente, a la conclusión de que es socialmente muy conveniente. A otras instituciones, como el Banco de la República o las altas cortes, la Constitución también les ha otorgado autonomía porque con eso garantiza su independencia y las libera de injerencias gubernamentales, a veces apresuradas y poco pensadas.

Hoy, la autonomía está recibiendo ataques (incluso de quienes, tratando de defenderla, la desvirtúan). El más reciente se debe a la irresponsabilidad de una institución universitaria que abusó de ella. Pero pretender que la autonomía debe desaparecer porque se abusó de ella es como decir que debe abandonarse la presunción de inocencia porque hay culpables que se aprovechan. La base fundamental de la autonomía es la responsabilidad institucional. No pretende otorgar condiciones de extralegalidad ni de extraterritorialidad.

Una característica de las sociedades que tienen problemas para construir buenas políticas públicas es que normas muy bien pensadas, con fuertes soportes teóricos y con pruebas plenas de conveniencia, son impulsivamente derogadas para remendar un problema coyuntural. La aparente conveniencia de ese remiendo no toma en cuenta el daño profundo y de largo término que produce la desaparición de la buena norma.

El ejercicio de inspección y vigilancia es también una norma de rango constitucional, en cabeza del Presidente. El Gobierno tiene la facultad y la obligación de asegurar a los estudiantes una educación de calidad. Pero las dos normas constitucionales deben aplicarse equilibradamente. El Gobierno debe vigilar que la universidad cumpla con el programa institucional que ella misma asumió autónomamente, y con el cual se comprometió. No debe imponerle un programa que le es extraño.

La universidad (la verdadera, la digna de autonomía) es un ámbito académico en el que se genera, acumula y transfiere el conocimiento. Esto sucede en una comunidad con disciplinas múltiples y con diversas posiciones e ideas, a veces contradictorias y en permanente debate. Así disminuye el riesgo de errores y minimiza el imperio de las modas intelectuales y políticas, que años después se reconocerán equivocadas. La autonomía es un mecanismo que asegura pertinencia a largo término.

Las universidades de más prestigio en el mundo son autónomas. El siglo XX nos mostró, en sus sociedades más autoritarias, lo nefasta que puede ser la pérdida de esa autonomía. Quien la entiende de verdad sabe que se ha mantenido a lo largo de los siglos porque es garantía para que el conocimiento progrese, sin las trabas de los dogmas y de las urgencias políticas. Hace un tiempo resumía esta argumentación diciendo que la autonomía es el reconocimiento de la sociedad, al hecho históricamente comprobado de que las universidades se equivocan menos que los gobiernos.

Fuente: Eltiempo.com
@mwassermannl
Moisés Wassermana