Zonas rurales, evasoras del impuesto predial

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Por: Ricardo Bonilla González,
profesor Facultad de Economía - Universidad Nacional de Colombia

Aunque el impuesto predial colombiano es uno de los más progresivos, se aplica bien en las zonas urbanas, pero no en las rurales donde la evasión es alta. Por ejemplo, en las fincas de recreo y las segundas y terceras viviendas en zonas rurales exclusivas de Cartagena o Girardot, las propiedades tributan sobre una base gravable entre 200 y 300 millones de pesos, mientras su valor comercial sobrepasa los 1.000 millones.

Tres verdades resuenan a gritos desde hace muchos años en diversos escenarios colombianos, sin que sobre ellas se haya podido hacer mucho; no obstante, hay nuevas expectativas generadas por el probable acuerdo de cese de hostilidades con las farc. 

Esas verdades son: a) Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, b) el mayor reflejo de esa desigualdad es la elevada concentración de la tierra y c) se requiere un impuesto a la tierra, que estimule su mejor uso y dinamice el mercado inmobiliario, especialmente en áreas rurales. Ese impuesto no hay que inventarlo, ya existe, es el predial, pero en muchas partes es simbólico y su base gravable, el avalúo catastral, está fuertemente subvalorada, pues hay intereses para que se mantenga así.

Es común repetir que Colombia es un país con una superficie continental de 1’141.748 km², que se transforman en el lenguaje cotidiano en 114 millones de hectáreas (has), distribuidas en poco más de 300.000 has urbanas y el resto, 113,8 millones de carácter rural.

Diferentes reportes dan cuenta de algunas distribuciones, sin esfuerzo de consolidar el uso del territorio, entre ellas, las reservas indígenas y afrodescendientes alcanzan las 36 millones de has, el área boscosa llega a 68 millones de has, los parques nacionales superan los 8 millones de has, la tierra dedicada a la agricultura oscila entre 5 y 7 millones de has, según la fuente. Asimismo, el terreno destinado a la ganadería oscila entre 38 y 40 millones de has y el área fértil puede llegar a 35 millones de has. En todo lo anterior, hay muchas intersecciones, problemas de tenencia y usos inapropiados.

Cuando se consulta sobre la distribución de la tierra rural, en términos de propietarios o poseedores y el tamaño de los predios, hay que remitirse al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los reportes que han permitido construir alguna estructura y su respectivo Gini.

El más reciente informe “Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia” (publicado en 2012) trabaja con un consolidado hasta 2002, según el cual se tiene registro catastral de 52,2 millones de has y de 3,45 millones de propietarios, con una distribución en la que 2,33 millones de propietarios, el 67.6 % poseen 2,19 millones de has, el 4.2 %, en predios inferiores a las 5 has cada uno. Mientras, al otro extremo se identificaron 13.9 mil propietarios, el 0.4 % con 24,25 millones de has, equivalentes al 46.5 % del área registrada, en predios superiores a las 500 has cada uno. Como consecuencia, se obtuvo un Gini del 0.85 por predios y del 0.81 por avalúos catastrales. Sin embargo, falta más de la mitad del territorio colombiano.

Información incompleta

Dado el grado de desactualización, el igac ha buscado incorporar la mayor cantidad posible del territorio y para el año 2014 informa que ya tiene reporte catastral de 102 millones de has, sin explicar cómo es su distribución.

He aquí el primer y principal problema para entender de qué manera se puede aplicar el impuesto a la tierra, conocer su distribución, de acuerdo a los reportes de registro y catastro, es decir, consolidar un censo inmobiliario nacional que de cuenta de las 114 millones de has de la superficie del país, de sus propietarios y poseedores, de la concordancia de los predios con títulos y linderos. Ese trabajo sigue pendiente y hay que concluirlo, es función del IGAC.

Como la información es incompleta, los documentos Conpes (3824 de diciembre de 2014 y 3852 de diciembre de 2015, en vigencia) destinados a viabilizar la actualización catastral se remiten al número de predios y omiten cualquier vínculo con el tamaño de los mismos.

El Conpes vigente para 2016 reporta la existencia de 15,77 millones de predios en el país, distribuidos en 11,64 millones urbanos, el 73.8 %, y 4,13 millones rurales, el 26,2 %.

Nada que ver con el área nacional, dado que los predios urbanos están concentrados en el 0.3 % del territorio y, si estuviera plenamente copado, el tamaño promedio de uso del suelo por predio urbano es de 25,8 metros cuadrados, tamaño de uso efectivo que se incrementa por la construcción vertical. Por el contrario, el tamaño promedio de uso del suelo por predio rural es de 27,5 has, si incluyera todo el resto del territorio, lo cual no se aleja de la realidad de una mala distribución y gran concentración en predios superiores a las 500 has.

Desactualización, el gran problema

El impuesto predial es el resultado de multiplicar su base gravable, el avalúo catastral, por una tarifa, que oscila entre el 1 y el 16 por mil. La desactualización del avalúo catastral es el segundo gran problema. Esto significa una base gravable irreal, sea porque no se ha actualizado o es un valor simbólico.

Se considera desactualizado cuando el avalúo tiene más de cinco años o la propiedad está por formar, lo que sucede con el 20 % de los predios urbanos y el 58 % de los rurales. En el resto de predios debería haber un avalúo actualizado en los últimos cinco años, sin embargo, aparte de Bogotá, Medellín y Cali, que tienen catastros independientes e hicieron la tarea, en los demás es probable que solo hubo ajustes por inflación.

La realidad se refleja en el tamaño del avalúo catastral. Al sumar los datos del Conpes con el valor dado por el Catastro de Bogotá y el estimado para Cali, el avalúo nacional es de 1.078 billones de pesos, de los cuales la capital del país representa el 41.5 %, con 447 billones de pesos, muy superior a su 15 % de aporte en predios registrados, o al 25 % de participación en el PIB, y de su 35 % en la contribución a los impuestos nacionales.

Si se agregan los avalúos de Medellín y Cali se llega a 586 billones de pesos, el 54.4 % del avalúo nacional, respecto al 
26 % que participan en los predios del país. El contraste se da con el avalúo rural, de 150 billones de pesos, el 14 %, respecto al 26 % de predios. Algo similar sucede con las otras áreas urbanas, pues concentran el 48 % de predios registrados y tienen un avalúo de 342 billones de pesos, equivalente al 31.7 % del avalúo nacional.

El impuesto predial recauda aproximadamente 4.5 billones de pesos con la actual estructura desactualizada, que se concentra en las áreas urbanas de Bogotá, Medellín y Cali. Podría superar los 6 billones de pesos, si el resto del país hiciera la tarea y los avalúos catastrales se ajustaran, al menos, al 60 % de los avalúos comerciales, además de dinamizar el mercado de tierras.

Una de las estrategias para reducir la desigualdad es valorar adecuadamente los activos y que contribuyan con los impuestos efectivos correspondientes. De esta manera, las fincas de recreo y las segundas y terceras residencias, localizadas en zonas turísticas como Cartagena, Anapoima, Girardot o Melgar tendrían avalúos catastrales ajustados a su valor comercial. Actualmente, estos predios lujosos y con piscinas individuales, valorados por encima de los 1.000 millones de pesos, tributan sobre una base gravable entre 200 o 300 millones de pesos.

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¿Muchas horas frente al ordenador? Usa la regla 20-20-20

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• Una exposición prolongada no debe producir alteraciones visuales si se siguen unos sencillos consejos basados en unas buenas condiciones higiénicas

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  Apenas tienen un año de vida y los niños ya fijan su vista en la tablet o en el teléfono móvil; mientras tanto, los adultos pasan cada vez más horas frente a dispositivos electrónicos, ya no solo las que pasan frente al ordenador mientras trabajan, sino las otras tantas que emplean consultando whatsapp, correos electrónicos o redes sociales en el móvil. Entre unas cosas y otras, es mucho tiempo el que nuestra vista está expuesta, pero ¿realmente tiene consecuencias tan negativas para nuestros ojos?

• El oftalmólogo Ildefonso Fernández-Baca es muy claro: "los ojos como cualquier otro órgano de los sentidos están para usarse; no hay ningún inconveniente en utilizar el sentido de la vista el tiempo que sea necesario. Hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que demuestre que por hacer trabajar la vista en un ordenador o en una tablet vaya a aparecer algún tipo de lesión en el ojo o una enfermedad ocular", advierte. Pero dicho esto, en lo que este especialista sí insiste es en que hay que utilizarlos en buenas condiciones higiénicas, entre ellas:

• 1- Corregir los defectos de refracción (hipermetropía, miopía, astigmatismo y vista cansada) que tenga la persona, ya que si no es así el esfuerzo ocular que tiene que realizar para fijar la vista es mucho mayor que si lo tuviera corregido.

• 2- Descansar cada cierto tiempo. La regla del 20-20-20, creada por el oftalmólogo Jeffrey Anshel (director de una compañía encargada de brindar consultoría a las empresas para minimizar el daño en los ojos de los empleados), está cada vez más extendida. Este método consiste en que cada 20 minutos una persona debe mirar fuera de su escritorio por 20 segundos y enfocar en algo que se encuentre a 20 pies (6,09 metros). Para su creador, así se logra que los ojos no estén enfocando en cortas distancias por tanto tiempo, alterando su distancia focal.

• Sin embargo, Fernández-Baca advierte que no hay ninguna constatación científica que diga que siguiendo esta regla se vaya evitar un problema posterior. "Otra cosa es que como recomendación y a efectos de salud visual sea correcta". "Una vez corregidos los defectos de refracción, el sentido común es el que debe prevalecer: cuando leemos una letra pequeña en un dispositivo electrónico, donde el esfuerzo visual es mucho mayor, entonces sí se va a necesitar un descanso para evitar otras alteraciones muy nefastas, como pueden ser los dolores de cabeza y los picores oculares, entre otros".

• Distancia adecuada

• 3- Mantener la distancia adecuada al ordenador o tablet. Esta recomendación es "muy importante" y sí puede evitar patologías de superficie ocular, como es el síndrome de ojos secos, las alteraciones del epitelio de la córnea y de la superficie corneal, de la mucosa conjuntival o alteraciones en los párpados. Estos dispositivos tienen que estar por debajo del eje visual para que el párpado al mirar hacia abajo cubra gran parte de la superficie ocular, ya que si está por encima, el ojo está más abierto y por tanto la superficie ocular está más expuesta al ambiente y entonces el síndrome de ojos secos y las alteraciones en la superficie son mucho mayores.

• 4- Hidratar la superficie ocular, poniendo alguna lágrima, sobre todo cuando se trabaja en ambientes cerrados o expuestos a calefacciones y aires acondicionados, ya que también pueden producir problemas. Es verdad que no afectan a la visión, pero sí son muy molestos por la sintomatología del ojo seco, como es el escozor, sensación de cuerpo extraño y lagrimeo.

• Este oftalmólogo asegura que los niños no tienen que seguir recomendaciones distintas a las ya expuestas. Lo que sí hace es una llamada de atención a los padres para que en el primer año de vida lleven a sus hijos al oftalmólogo y a los cinco años, otra vez, para ver si se evidencia algún defecto de refracción para recetarle una corrección óptica que evite todos los trastornos visuales de cerca y de lejos que puedan derivar en problemas secundarios.

El PMTI, Una política de estado para hacer de Colombia un país competitivo

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El Ministerio de Transporte presentó el PMTI el pasado 25 de noviembre en el Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, agremiación de los constructores del país.

El documento presentado por el Ministerio deTransporte puede servir como política de estado, según lo indicó el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras, ya que busca daruna hoja de ruta para que Colombia tenga mayor capacidad en relación con naciones como Chile y Perú, en el campo del transporte de pasajeros y mercancías.

Este programa de inversión se ha propuesto un periodo de ejecución de 20 años (2015-2035), luego de los cuales Colombia tendrá una red de vías principales con especificaciones que permitirían a un camión desplazarse a 60 km/h en terrenos montañosos y 80 km/h en terrenos planos. También busca aprovechar 8 importantes cuencas de la hidrografía nacional1, integrar la red ferroviaria y optimizar los accesos a ciudades y puertos.

El costo estimado de este ambicioso proyecto es de $208 billones de pesos, con los que se atenderían 101 proyectos de la Red Básica (12.681 km), 52 proyectos de las Redes de Integración2 (6.880 km), 5 proyectos en Vías Férreas (1.769 km), 8 Ríos (5.065 km), 31 Aeropuertos y obras de dragado en los puertos ubicados en las costas del país.

Es necesario promover estabilidad jurídica en el sistema de tenencia de tierras

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En mi visita a Colombia, a comienzos de año, tuve la oportunidad de hablar con el presidente Juan Manuel Santos y los ministros de Agricultura y del Posconflicto, así como con representantes de la sociedad civil, los cooperantes internacionales y el sector privado.

Estoy convencido de que este país tiene todas las condiciones para lograr un desarrollo rural sostenible, si se fortalecen la institucionalidad y la gobernanza –lograr un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la economía– y se implementan los acuerdos alcanzados dentro del marco de las negociaciones de paz del Gobierno y las Farc.

Una vez firmado el fin del conflicto armado, Colombia transitará por una etapa de posconflicto en la cual las estructuras de gobernanza serán todavía frágiles. En ese momento, es fundamental priorizar e implementar rápidamente acciones y políticas públicas que puedan generar las condiciones de protección, inclusión y cohesión social.

Todos los diferentes actores deben estar involucrados. Nadie se puede quedar atrás o por fuera. Y me refiero no solo a los involucrados en el conflicto, sino a los 12 millones de colombianos que viven o dependen de las dinámicas y fuentes de ingreso del sector agropecuario y rural del país. (Además: Pese a la sequía, el agro sigue generando empleo)

Lo rural –no solamente lo agropecuario– ha sido acertadamente elegido por el gobierno del presidente Santos como uno de los pilares para la consolidación de la paz, y posee todo el potencial para encontrar de manera rápida soluciones ‘gana-gana’, que beneficien a todas las partes y que son fundamentales a la hora de afianzar la paz y la confianza en el posconflicto.

A partir de las conversaciones que mantuve con representantes de todos los sectores de la sociedad antes mencionados, resalto cuatro puntos esenciales de la agenda de desarrollo rural integral que son comunes a las partes: (i) seguridad en la tenencia de tierra; (ii) provisión de bienes públicos tales como infraestructura (carreteras, infraestructura de acopio y transformación, electrificación, salud, agua potable, irrigación, etc.), educación rural y oportunidades de empleo en el campo, en particular para los jóvenes; (iii) seguridad alimentaria y nutricional; y (iv) el aprovechamiento de los recursos naturales en un contexto de cambio climático en un país biodiverso.

La cuestión de la tenencia de la tierra ha sido mencionada por todos como prioritaria. De hecho, es necesario promover estabilidad jurídica en el sistema de tenencia de tierras, de modo que los agricultores puedan operar en un marco jurídico confiable y seguro.

En ese sentido, las Directrices Voluntarias de la FAO sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, aprobadas por los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en negociaciones internacionales, pueden acercar posiciones, servir como referencia y proporcionar orientación a fin de abonar el camino para el acuerdo.

Las Directrices Voluntarias pueden aportar soluciones concretas a temas que están planteados en el proceso de paz, y sobre las cuales ha sido difícil avanzar hasta el momento.

Me refiero a las llamadas Zonas de Reserva Campesina consignadas en la Ley 160 de 1994, en cuya reglamentación las directrices podrían realizar aportes sustantivos.

Muchos problemas relacionados con la tenencia surgen a consecuencia de una débil gobernanza, que tiene efectos adversos en la estabilidad social, la utilización sostenible del medio- ambiente, las inversiones y el crecimiento económico.

Los representantes de la sociedad civil y del sector privado colombianos han mostrado conocimiento de las Directrices Voluntarias y concordancia con sus principios, que abordan tanto temas del reconocimiento jurídico y asignación de derechos como de administración de la tenencia de la tierra.

La tenencia de la tierra implica también generar condiciones y oportunidades para los campesinos, que necesitan de inversiones en infraestructura, en educación rural y de la creación de empleos, el segundo punto de la agenda. (También: Estos son los nuevos protocolos para la pedagogía de paz de las Farc)

Es decir: no basta que los agricultores tengan la tierra o el acceso a ella, sino también los insumos, los bienes y servicios públicos y recursos financieros necesarios para las actividades productivas. Además, hace falta acceso a los mercados.

Y esto requiere inversiones en infraestructura, en sistemas de información de mercado y mecanismos de integración a los circuitos económicos agroalimentarios. La experiencia muestra que cuando se mejora el acceso al mercado, los productores son capaces de absorber las tecnologías mejoradas y elevar los sistemas de producción. El sector público debe convertirse en un factor clave en este proceso asegurando una demanda continua de los productos de los campesinos mediante programas de compras locales y de alimentación escolar.

Hace falta también un énfasis en el acompañamiento y la asistencia técnica para mejorar la aplicación de tecnologías adecuadas, la productividad y el uso sostenible de recursos naturales. El Gobierno y diferentes representantes señalaron que una educación específica a las necesidades de los campesinos facilitaría la consecución de acuerdos rápidos en la implementación del posconflicto.

Hoy el país tiene una baja tasa de empleo rural con alta tasa de informalidad y los jóvenes buscan constantemente oportunidades para dejar el campo e ir a trabajar a las grandes ciudades.

El desarrollo rural necesitará de un replanteamiento de la prestación de servicios a las zonas rurales y de una gestión articulada de los diferentes programas durante la primera fase del posconflicto.

Esto significa asegurar que los hogares tengan acceso seguro no solo a la tierra, a los insumos productivos y a los recursos financieros, sino también a bienes y servicios públicos tales como el acompañamiento y la asistencia técnica para la producción y la asociatividad, y la infraestructura necesaria para agregar valor y comercializar su producción en el mercado, procurando establecer sistemas alimentarios territoriales a partir de la agricultura familiar y siendo cautelosos para no caer en esquemas asistencialistas que suelen pervertir el objetivo de los programas orientados al desarrollo.

El tercer punto es la seguridad alimentaria y nutricional. Acciones relacionadas con la promoción de seguridad alimentaria contribuyen a reforzar la cohesión social y conferir legitimidad a los gobiernos. La inseguridad alimentaria y nutricional puede minar el proceso de paz y reiniciar el ciclo de violencia. O sea, la inseguridad alimentaria y nutricional genera y aumenta la inestabilidad política. Y el inverso también es verdadero.

En la búsqueda por seguridad alimentaria y nutricional, es importante sustituir la importación de los productos básicos, que pasarían a ser producidos internamente, sobre todo por los agricultores familiares.

El cuarto punto es el de los recursos naturales; es necesario generar una estrategia de servicios socio-ecosistémicos, los cuales deben ir más allá de la visión convencional de servicios ambientales. Los nuevos programas dirigidos hacia el campo y el desarrollo rural deben buscar conservar la biodiversidad y los recursos naturales. Una adecuada estrategia de aprovechamiento de recursos naturales puede repercutir en esquemas de ecoturismo que atraigan atención internacional para esta actividad.

Transversalmente, a estos cuatro puntos hay que agregar dos necesidades. La primera es desarrollar capacidades en los agentes públicos, especialmente en las zonas que han sido directamente afectadas por el conflicto, con muy escasa presencia histórica del Estado. La segunda necesidad es el enfoque diferencial, una especial atención en las mujeres y los jóvenes, así como en las comunidades indígenas y afrodescendientes. (Lea aquí : Gobierno y Farc crearán sistema de verdad, justicia y reparación)

Esta atención deberá estar traducida en esquemas adaptados a la idiosincrasia de las comunidades, procurando estrategias de gobernanza y desarrollo.

Los retos para erradicar el hambre

América Latina y el Caribe están en un momento decisivo de su historia. Gracias a los avances que ha hecho en términos sociales, económicos y productivos, la región está ad portas del desarrollo. Tiene el desafío de adoptar una ruta propia que la lleve al desarrollo plenamente sostenible, tanto en términos humanos como ambientales. Este camino distinto empieza con la erradicación total del hambre.

La buena noticia es que la región es plenamente consciente de ello, y a principios del 2015 los gobiernos de todos los países –reunidos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac– asumieron el compromiso formal de acabar con el hambre al año 2025, mediante el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, el cual ha recogido las principales políticas y experiencias exitosas de los países de la región para crear una hoja de ruta hacia hambre cero.

Es incluso una meta más exigente que la adoptada por la comunidad internacional a través de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que fijaron el año 2030 como el plazo límite para lograr un mundo libre de hambre.

Pero la ambición de América Latina y el Caribe está plenamente justificada dado que es la región que ha logrado los mayores avances en la lucha contra el hambre: hace 25 años, el 14,7 por ciento de los latinoamericanos y caribeños vivía con hambre, más de 66 millones de mujeres, hombres, niños y niñas vivían a diario sin comida suficiente para llevar una vida sana y activa. Hoy el porcentaje se ha reducido a solo 5,5, pero aún quedan 34,3 millones de latinoamericanos y caribeños que padecen hambre.

Además, fue la única región del mundo en lograr las dos metas internacionales del hambre, tanto la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la de la Cumbre Mundial de la Alimentación, al reducir tanto su proporción como su número total de subalimentados a menos de la mitad desde los niveles de 1990.

El Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac está directamente enfocado en este objetivo y en el logro del bienestar nutricional de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.

En el caso particular de Colombia, la población más vulnerable es aquella que habita en zonas rurales apartadas, en las que se han vivido con más intensidad los efectos del conflicto armado que enfrenta el país desde hace más de 50 años.

Como consecuencia de ese conflicto, estas comunidades rurales han vistocomprometida la producción de alimentos y padecido la destrucción de los cultivos, las restricciones de la movilidad impuestas por los diferentes actores armados, el desplazamiento forzado hacia zonas urbanas y los daños al medio ambiente. Esto ha incidido negativamente en su seguridad alimentaria y los efectos suelen persistir tiempo después, pues la recuperación de los cultivos, la infraestructura y el capital social toma varios años.

Después de tres años de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, muchos observadores coinciden en que la firma de un acuerdo de paz podría ser alcanzada durante el primer semestre del 2016. La FAO coopera con el Gobierno colombiano y pone a su servicio todas las herramientas para recuperar el campo e impulsar el desarrollo rural, ya que no puede existir paz sin seguridad alimentaria, ni seguridad alimentaria sin paz.

Fuente: JOSÉ GRAZIANO DA SILVA
Director General de la FAO