‘Al emprendimiento en Colombia hay que meterle más pueblo’

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Andrés Santamaría es un abogado caleño con más de 15 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de transparencia en la ejecución de políticas públicas y en favor de las comunidades más vulnerables.

Se hizo especialmente conocido como personero de Cali y vocero de los personeros del país. Y, desde hace algunos años, se lanzó a trabajar por el emprendimiento social a través de Recon.

Hoy es el director ejecutivo de esta organización que ya ha logrado identificar más de 2.000 iniciativas de este tipo, como aporte al desarrollo económico y social de comunidades vulnerables, y trabaja por darles visibilidad, apoyarlas, fortalecerlas y finalmente -dice- "construir un futuro distinto".

Precisamente, Recon acaba de lanzar su cuarta convocatoria nacional, con el propósito de identificar más iniciativas de emprendimiento e innovación social (www.reconcolombia.org).

Para los interesados en participar, empieza con la realización de un video de tan solo dos minutos y puede terminar en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores en siete categorías, que se realizará en Medellín el 20 de noviembre durante otro evento al que Santamaría le está poniendo toda su energía: la primera cumbre de emprendimiento social que se realizará en Colombia.

No lo entendemos. Y es así porque, en la situación de conflicto del país, durante muchos años hemos interpretado que el activismo es similar al emprendimiento social, y son conceptos diferentes. Un emprendedor social genera una estrategia de sector privado para buscar una solución a un problema de una comunidad, una región o un país. Busca impactar positivamente, pero sin abandonar el modelo de negocio que haga su proyecto sostenible y rentable.

Frente a estas iniciativas, ¿cuál es el compromiso de Recon?

Queremos mostrar que hay diversos modelos de negocio social que impactan positivamente a las comunidades, pero no por ello deben vivir de la caridad ni empantanarse en la debilidad de ingreso. La mayoría de los emprendedores en Colombia tienen ingresos no superiores al salario mínimo.

¿Hay alguna idea de cuántos emprendimientos sociales hay en Colombia?

No tenemos claro cuántos hay porque la mayoría -creemos que 7 de cada 10- están en la informalidad. Eso ayuda a que el emprendimiento social no sea concebido como parte de una política pública nacional.

¿Y tampoco entra en los planes de las regiones?

La única ciudad que habla de emprendimiento social a través de instrumentos públicos como un acuerdo municipal es Medellín. Allí lo reconocen como un elemento importante para el desarrollo de la ciudad y lo complementan con un centro de desarrollo como Ruta N. Academia, empresa privada y sector público hablan de emprendimiento social y lo promueven. Todos estos actores se dieron cuenta de que sus ciudadanos eran indispensables para solucionar problemas y, a la vez, para generar crecimiento económico. Entendieron que no es un tema de caridad ni asistencialismo.

¿Qué peso tiene el emprendimiento social en otros países?

Hay ciudades como Berlín o Londres y, en Latinoamérica, como Ciudad de México o Santiago, donde el emprendimiento social hace parte de sus políticas públicas. En esos lugares entienden que lo social no debe abandonar la idea de generar ingresos y debe crear condiciones mínimas laborales para quienes tienen estas iniciativas. Le doy este otro dato: casi el 30 por ciento de las empresas europeas surgen del emprendimiento social. Hoy, cuando el alcalde de Ámsterdam tiene problemas de basuras o de seguridad, hace una convocatoria a los ciudadanos para que presenten soluciones. Y la medición que hacen ellos de esas propuestas no solo es financiera, sino que tiene en cuenta el impacto social, el beneficio para las comunidades.

¿Y qué tal es el nivel de apoyo foráneo para las iniciativas en Colombia?

Al país llega ayuda para este tipo de proyectos, pero también organizaciones y fondos de inversión privada de países árabes y de otros sitios de Asia, a buscarlas con la idea de llevarlas a sus países. A mí me parece tenebroso y negativo que el talento que está buscando soluciones en Colombia se vaya. No nos hemos dado cuenta, como país, de que en las regiones hay un gran talento para buscar soluciones, crear cadenas de valor, generar ingresos y, de paso, ayudar a hacerles frente a todas las economías ilegales.

¿Cuál es el perfil de emprendedor social en Colombia?

Están en un rango de edades entre 17 y 34 años. Es posible que esos jóvenes, en ciertas regiones, sean captados por las mafias. Un ejemplo: en El Charco, Nariño, han llegado personas a ofrecerles a los emprendedores que conocemos allí que se lleven su iniciativa a Cali o Bogotá. La idea es que se queden en El Charco, donde la población es más vulnerable ante las economías ilegales.

¿Cuáles deberían ser los pilares de una política de emprendimiento social?

Debe haber un reconocimiento jurídico, y eso es a través de una ley. El plan de desarrollo avanzó en temas como la economía naranja y las llamadas startups, que muchas de ellas pueden responder al concepto grande de economía social, pero emprendimiento social no es solo eso. También es desarrollo agrario, defensa de los derechos humanos, medioambiente, desarrollo deportivo, equidad de género y otras cosas más. Sin ese reconocimiento expreso, esas iniciativas seguirán padeciendo los obstáculos que impiden su consolidación y formalización.

¿Cómo se forman hoy estas empresas sociales?

Un emprendimiento social tiene hoy dos alternativas: ser fundación y empieza a generar ingreso o dividendos, o convertirse en una S. A. S. (sociedad por acciones simplificada), que tiene la regulación más simple, y asumen los costos tributarios y mercantiles. Entonces, el reconocimiento tiene que venir acompañado con la creación de una zona de transición, incluida una exención tributaria, que le permita a la iniciativa tomar impulso y lograr cierta estabilidad. El Gobierno lo hizo en la ley de financiamiento para startups con cierto grado de maduración y que genere determinado número de empleos. Creo que poner esa condición de los empleos para iniciativas que apenas están surgiendo no es aplicable. Eso nos lleva a la conclusión de que no hay un ambiente jurídico y legal en materia tributaria y comercial apropiado para este tipo de iniciativas. Si no hay formulación de esa política, no hay acceso al crédito, ni a las ayudas del Estado ni a inversionistas.

¿Pero usted reconoce el esfuerzo del Gobierno por avanzar en este tema?

Sí. Ha hecho planteamientos interesantes y ha abierto puertas, pero no puede abrirlas solo para las startups digitales o los proyectos de economía naranja, y tampoco solo para las que están en las ciudades. Las regiones apartadas y olvidadas también cuentan. Es fabuloso que haya ejemplos exitosos como el de los caleños de Rappi, pero con tres o cuatro startups exitosas no vamos a cumplir los objetivos de la agenda 2030. En la base de la pirámide están ocurriendo cosas grandiosas. Hay que meterle un poco más de pueblo al tema del emprendimiento. Pensar que solo los que tienen una maduración definitiva van a impulsar la economía es una visión un poco pequeña.

¿Y qué se puede decir del rol en este tema de emprendimiento social de las cámaras de comercio?
Las cámaras de comercio se quedaron en el pasado. No consideran este tipo de emprendimientos, no tienen claro su objetivo social y no valoran su impacto. Allí hay un cambio grande por hacer.

¿Qué busca con la cumbre de emprendimiento social que hará en noviembre?
No será un summit o una cumbre como otras. Aquí traemos gente de todo el mundo a las cumbres, pero no nos oímos a nosotros mismos. Y esta vez vamos a hacer énfasis en que conozcamos lo que tenemos que decir de nuestras propias experiencias.

¿En qué sentido el emprendimiento social puede ser una herramienta para la
consolidación de la paz?

Más del 40 por ciento de los emprendimientos sociales buscan soluciones a situaciones derivadas del conflicto. Lo hacen en medio de muchas dificultades, pero lo hacen. Y tan compleja es su situación que en la lista de líderes sociales amenazados y asesinados hay muchos emprendedores sociales. Quien genera oportunidades también es objetivo de las bandas porque les interesa mantener a los jóvenes sometidos al cultivo de coca. De nuevo: el Estado debe acomodarse a las realidades de las regiones. No podemos seguir pensando en un país bogotanizado o de cuatro o cinco ciudades.

Llamado a inscribirse en la cuarta convocatoria de Recon 

La cuarta convocatoria de Recon tiene el apoyo de la Embajada de Suecia, el Pnud, Casa Editorial EL TIEMPO, Ruta N Medellín, la agencia estadounidense Usaid, Royal Films, Unilever, Postobón, Grupo Éxito, Fundación Carvajal, Impact Hub Medellín y la Universidad Externado.

Quienes quieran participar deben grabar un vídeo de dos minutos en el cual presenten el emprendimiento respondiendo a estas preguntas: ¿qué los llevó a crear el emprendimiento social?¿Qué hace este por su comunidad? ¿Qué sueñan que suceda con su emprendimiento?

Habrá reconocimientos en siete categorías:economía naranja, educación, medioambiente; paz, participación y derechos humanos; desarrollo agrario; equidad de género y salud y bienestar.

Más información en www.reconcolombia.org

Fuente: ELTIEMPO.COM

Así avanza la regulación del uso de drones en Colombia

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En una reglamentación que contempla 91 disposiciones está el corazón de un cambio radical del código que desde 2014 regula el uso de drones en el territorio nacional. La norma 04201 de la Aerocivil entró en vigor el 5 de febrero e incorporó al RAC (Reglamento Aeronáutico de Colombia) diferencias fundamentales entre los conceptos de ‘piloto profesional’ y ‘aficionado’.

Las implicaciones de ese cambio son profundas: mientras que un piloto debe hacer un curso y certificar 20 horas de vuelo (antes eran 40), un aficionado se verá exento de ese requisito. Eso sí, los drones que usan unos y otros deben ser registrados ante la Aerocivil para poder volar legalmente.

Pero, además de clasificar a los pilotos, la norma establece una división para los aparatos de acuerdo con su peso y uso.

Si usted quiere comprar un dron por mera curiosidad o planea regalarle uno a su hijo, seguramente le interesa la clase A, o abierta. En este grupo se incluyen drones de entre 250 gramos y 25 kilos, y cubre a todos aquellos que quieran volar con un objetivo recreativo.

En esta categoría también se incluyen las aeronaves que, aunque usadas para fines comerciales, se inscriban dentro del mismo rango de peso. Esta clasificación no requiere autorización de la Aerocivil para el piloto, “dado que su operación representa un riesgo mínimo”. En todo caso, el dron no se puede elevar a más de 120 metros o alejarse más de 500 metros de donde se encuentre quien lo opera, quien debe tenerlo siempre a la vista.

Solo se podrán realizar vuelos de día, y se prohíbe su uso sobre multitudes, edificios o áreas pobladas.

Por su parte, la clase B –o regulada– incluye los drones de más de 25 kilos y menos de 150. Quienes los utilicen siempre necesitarán una autorización de la Aerocivil, así su uso sea calificado de bajo riesgo. Normalmente, esta clase de drones se usan en trabajos de aspersión agrícola, de topografía o para realizar producciones de cine y video.

Finalmente, la clase C –o certificada– hace referencia a los drones con un peso superior a los 150 kilos, cuyo uso implica un alto riesgo. Esta es la clasificación que se les da a los vehículos que realizan sobrevuelos internacionales o servicios de transporte de medicamentos, por ejemplo. Esta práctica aún no está completamente regulada en el país, y por ello se requerirían permisos especiales de la Aerocivil.

Pablo Heredia, presidente de la Asociación Profesional de Drones en Colombia, afirma que una regulación responsable interesa al Estado y a la industria que vende drones.
“No se puede dejar que alguien aprenda con un tutorial de YouTube; tenemos que ver la llegada de los drones a la vida cotidiana como en su momento pasó con los automóviles”, afirma. Lo importante en el tema de seguridad, dice, es que los ciudadanos estén en la capacidad de poder interpretar los riesgos de volar y tomen precauciones sencillas como verificar las condiciones climáticas y la ubicación de vuelo.

La norma contempla distancias mínimas de seguridad para escenarios de eventos y lugares como aeropuertos o embajadas.

Tenga en cuenta que la norma no contempla multas, pero sí está adscrita al Código Nacional de Policía, por lo que en caso de infracción un uniformado podría pedirle que cese el vuelo o, incluso, incautarle el aparato.

Cada vez más usos

La perspectiva de crecimiento para la industria de los drones es tal que un estudio de 2016 de Price Waterhouse Cooper proyecta que en el 2020 superará los 127.000 millones de dólares en el mundo.

A este panorama se suman los múltiples usos que hoy tienen las aeronaves no tripuladas. Existen desde racers o drones de carreras (que alcanzan incluso los 90 km/h), hasta los ‘agras’, para riego inteligente de cultivos.

Por eso, numerosas voces asociadas al vuelo recreativo o profesional de drones se habían mostrado críticas frente a la regulación anterior por considerar que estaba basada mucho más en las sanciones que en un interés real por prevenir accidentes y educar a los aficionados que buscaran iniciarse en al materia.

“Creo que todas las personas que nos dedicamos a esto estamos totalmente seguras de que se requiere una reglamentación, pero hay que cumplir con otros tipos de criterio. 

Se deben tomar muchos más puntos porque, finalmente, todo está pensado para asegurar la privacidad de las personas”, afirma Mike Cotrino, creador de la productora MCW, realizador de video hace diez años e importador de drones desde el 2014.

Algunas recomendaciones de seguridad

LAURA FERNANDA TAMAYO GOYENECHE
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO​@Lftamayo_

El Gobierno le llevará energía eléctrica a 152 municipios

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Gracias a las herramientas que le brinda el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno emprenderá la tarea de llevarle energía eléctrica a 100.000 hogares rurales que habitan las zonas más apartadas del territorio nacional.

Se trata de una misión para botarle corriente a cerca de 500.000 colombianos distribuidos en 25 departamentos del país, que hoy no tienen acceso a este servicio, que era considerado un lujo, y que una vez puedan gozar de este, conocerán de primera mano que es tener calidad de vida.

Pero lo que más llama la atención de este reto que asumirá el Ejecutivo, a través del Ministerio de Minas y Energía (MME), es que del citado total de hogares, 40.000 están ubicados en aquellas zonas rurales que fueron afectadas por el conflicto.

(Lea: Cuatro térmicas usarían GLP para generar energía eléctrica) 

“Para ello, se ha diseñado el Plan Nacional de Electrificación Rural (Pner), el cual define criterios de priorización y planifica las inversiones de electrificación en las poblaciones rurales con mayores necesidades básicas insatisfechas y más afectadas por el conflicto”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

La jefe de la cartera minero energética precisó que, como factor importante hacia la utilización de tecnologías más eficientes en las soluciones eléctricas para estos territorios, el plan contempla la formulación de proyectos con energías renovables, entre otras estrategias, “que nos permitan avanzar hacia la universalización de la cobertura que hoy es del 97%”.

De acuerdo al Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (Piec), el servicio de energía eléctrica actual en el territorio nacional es de 427.697 viviendas (usuarios) sin servicio (más de 1’500.000 personas), de las cuales 213.700 se encuentran en zonas interconectables y 213.997 en zonas no interconectadas. 

(Lea: Sistema interconectado inicia tránsito a energías renovables) 

Esta es una de las razones por la cual la meta al finalizar el presente cuatrienio es que 100.000 hogares ya gocen del servicio de energía. “Es prácticamente el doble de lo contemplado en anteriores planes de desarrollo con recursos públicos”, recalcó la ministra Suárez.

Para el MME, la interconexión al sistema es una de las opciones, pero no la única. 
“Esta alternativa se ha ejecutado a través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer), una de las fuentes de financiación para la extensión de las redes del sistema interconectado”, señaló la jefe de la cartera minero energética. 

(Lea: Misión trazará hoja de ruta para transformación energética de Colombia) 

La funcionaria precisó que, cuando la interconexión no resulta económicamente eficiente, se consideran soluciones aisladas (centralizadas, individuales o microredes), las cuales son financiadas a través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni) .

“Posteriormente son manejadas por operadores de red y empresas privadas, con base en un modelo administrativo, jurídico y financiero que garantice la sostenibilidad en el largo plazo (medición, cobro de tarifa y subsidios), buscando siempre garantizar que las soluciones energéticas para estas zonas sean confiables, eficientes, sostenibles en el tiempo y responsables con el medio ambiente”, dijo la Ministra de Minas y Energía.
Criterios de selección

De acuerdo a los criterios de priorización y planificación contenidos en el Pner, se estableció el orden en la lista de municipios considerando el índice de cobertura de energía eléctrica, el número de viviendas sin servicio, los municipios más afectados por el conflicto armado y los municipios adscritos al programa subregional de transformación integral del ámbito rural (Pdet) a 10 años, en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

“Luego de cruzar la información priorizada, identificamos los 25 departamentos, 152 municipios y 100.000 familias u hogares que se beneficiarán con esta meta que le apunta a la equidad”, subrayó la jefe de la cartera minero energética.

La funcionaria agregó que del total, se tiene proyectado conectar a la red eléctrica a 57.156 familias, y por autogeneración o soluciones aisladas a 42.844 hogares. 

La mayor cantidad de núcleos familiares que se van a cubrir con esta universalización, aprobada en el PND, se encuentran localizados en el departamento de La Guajira con 20.479, le siguen en su orden Caquetá con 11.288 hogares; Caucacon 9.766, Meta con 8.150 y Norte de Santander con 8.025.

Por su parte los departamentos que registrarán un menor número de hogares con el beneficio son Huila con 800 familias, Vaupés con430, Quindío con 230 y Cundinamarca con 215.

El total de la inversión es de $1,7 billones, de los cuales para proyectos interconectables se destinarán $924.335 millones y para iniciativas aisladas $782.336 millones.

La meta del Pner es lograr al 2030 la Universalización del Servicio de Energía, con una cobertura del 100%, es decir que las 427.000 viviendas que lo carecen en la actualidad, para ese momento ya lo posea. 

“Para este cuatrienio el Gobierno se compromete a conseguir la cuarta parte de las viviendas sin servicio que hoy registra el país”, dijo la ministra Suárez.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PNER

Para estructurar el Pner se estableció un orden de priorización y planificación de la inversión por municipios considerando los siguientes criterios:

1. Índice de cobertura de energía eléctrica.

2. Número de viviendas sin servicio.

3. Municipios más afectados por el conflicto armado. 

4. Municipios PDET (programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional).

Se espera que los entes territoriales y los operadores de red de las zonas de influencia de cada municipio estructuren los proyectos para que la Upme y el Ipse confirmen la viabilidad técnica y financiera de los iniciativas de energización y así, en los diferentes Comités, asignar los recursos para que se lleven a cabo y ofrezcan servicio de enría a los usuarios.

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

La sonda china Chang'e revela misterios del suelo del lado oculto de la Luna

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La sonda china Chang'e 4 fue la primera en aterrizar en la cara oculta de la Luna, donde ha recopilado evidencias del mayor cráter del Sistema Solar, lo que arroja luz sobre cómo pudo haber evolucionado el satélite terrestre, según un estudio que publica este miércoles Nature.