Alianza tripartita en contra de la corrupción

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La corrupción pública nos cuesta $ 20 billones cada año

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Unos lo consideran el abanderado de la moral pública. Otros creen que es un fanático religioso que se comporta como una beata. Para los primeros es un hombre de carácter al que no le tiembla la mano. Para los segundos es un inquisidor iracundo que persigue a todo aquel que no piense lo mismo que él.

Estoy hablando, como lo habrán adivinado ustedes sin hacer mucho esfuerzo, del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, el supremo vigilante de la disciplina y la compostura de los funcionarios públicos, hombre polémico hasta el tuétano de los huesos, a quien los columnistas de prensa comparan con un engendro del demonio, que cuando era joven quemaba libros pecaminosos en Bucaramanga. Pero las señoras piadosas, en cambio, lo miran como si fuera el ángel encargado de promover las virtudes humanas. (Lea también: El procurador Alejandro Ordóñez)

¿Ángel o demonio?

Lo cierto es que, en medio de aplausos y críticas, entre partidarios y adversarios, el procurador está a punto ya de terminar su tarea. La concluye dentro de seis meses, el próximo 15 de enero, tras ocho años en el cargo, pues empezó con una elección por cuatro años y luego vino una reelección por cuatro más. Esa reelección es la que ha provocado más debates y querellas, hasta el punto de que fue demandada ante el Consejo de Estado. (Lea también: ¿Recta final de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría?)

Nos sentamos a hablar frente al mar de Cartagena. Al rompe se le nota que es un hombre de hábitos tradicionales. No se quita las tirantas o cargadores, que en mi época llamaban ‘máquinas’, con las que se ajusta el pantalón desde el frente hasta la espalda, pasando por los hombros. Y es mucho más alto de lo que yo creía.

Costos y causas de la corrupción

¿Hay alguna manera confiable y atinada de saber cuánto vale anualmente la corrupción pública en Colombia? El procurador busca cuidadosamente entre sus documentos, examina cifras, consulta a sus asesores.

–La corrupción ha aumentado y ha cambiado mucho –me dice finalmente–. Un estudio reciente de la propia Procuraduría señala que, por culpa de la corrupción, anualmente resultan afectados cerca de 20 billones de pesos de los presupuestos oficiales. Y eso sin contar su impacto en el sector privado. (Además: Exorcizar el diablo de la corrupción)

La corrupción ha avanzado tanto, que muchas entidades públicas han sido tomadas por particulares con el propósito de hacer negocios o proteger sus propios intereses. “Y eso no ocurre solamente en las regiones o en los pueblos”, añade el Procurador, “sino incluso en el nivel nacional. De esa forma, el Estado termina siendo un instrumento de los particulares”.

La debilidad de la justicia colombiana es, sin duda, una de las causas de semejante catástrofe. “La débil institucionalidad facilita la corrupción”, me dice Ordóñez, de modo sentencioso.

–Hay otros factores perversos –agrega luego–. Mire usted que el alto costo de las campañas electorales hace que los ganadores retribuyan a sus financiadores pagándoles con los recursos oficiales.

De modo que la corrupción pública, sin mencionar la privada, nos cuesta 20 millones de millones de pesos al año. Y el daño moral, que es mayor, ni siquiera se puede cuantificar.

Apoderarse del Estado

El Procurador calla un momento, caviloso y pensativo. Después retoma el hilo de sus reflexiones. “En los últimos años, el Gobierno colombiano, es decir, el poder ejecutivo, ha asumido una excesiva preponderancia sobre las demás ramas de la administración pública, afectando los controles que ellas deberían ejercer”.

La sociedad colombiana tampoco se queda atrás en este balance de comprobación que hace el procurador Ordóñez, ejerciendo su condición, si me permiten decirlo así, de revisor fiscal de lo que pasa en el país.

–Hoy existe un gran relajo ético. Hay un entorno cultural que favorece la corrupción. Hoy el relativismo moral es la ortodoxia: nada parece indebido, todo es posible, todo se permite, todo se vale. Estamos sumidos en una crisis moral sin precedentes.

La verdad, aunque duela decirlo, es que los colombianos nos hemos hundido tanto en ese pantano apestoso, “que hoy se cree que la forma más rápida y fácil de enriquecerse es acceder a un cargo público”.

Por eso, tal como se puede observar en los últimos años, la empresa privada se ha ido acomodando aceleradamente a los escenarios públicos de la corrupción. “A los particulares les interesa convertir el Estado en su instrumento”, remata el Procurador.

Casi 3.000 sancionados

Ante esa realidad aterradora, cada día es mayor el número de empleados públicos sancionados, suspendidos o destituidos. Los escándalos se atropellan unos a otros, pero ninguno dura más de un día porque mañana vendrá otro peor. Son tantos, y tan frecuentes, que el país ha perdido ya su capacidad de asombro y de indignación.

En los siete años y medio que transcurrieron desde el 1.° de enero de 2009, cuando se posesionó Ordóñez Maldonado, hasta el 30 de mayo pasado –hace apenas dos meses–, los archivos de la Procuraduría General de la Nación revelan que 2.892 funcionarios fueron sancionados de diferentes maneras en todas las regiones del país. 

De ellos, 1.635 eran alcaldes y 1.108 concejales. Cómo será la podredumbre en esos municipios, que han sido penalizados 500 alcaldes más que concejales, a pesar de que alcalde hay uno solo en cada localidad.

Alcaldes: Santander, el departamento nativo del propio Procurador, ocupa el primer lugar en alcaldes sancionados, con 194. Le siguen Cundinamarca, con 178; Boyacá, con 156; Bolívar, con 107, y Antioquia, con 102. Uno de los alcaldes destituidos –en Yopal, Casanare– firmó unos contratos por los que el municipio compró y pagó unas esponjas especiales de masajes que servían para exfoliar la piel de las funcionarias de la Alcaldía, renovándoles las células y embelleciéndolas.

Concejales: Otra vez Santander de primero, con 131, y Antioquia de segundo, con 127. En tercer lugar figura Cundinamarca, con 92, seguido de Boyacá (81) y Córdoba con 64.

De ediles a senadores

Entre los ediles que ejercen en barrios y comunidades, 21 han sido sancionados. Lo increíble es que 15 de ellos, que equivalen al 72 por ciento del total, son de Bogotá. Dos más son de Cundinamarca, dos del Valle, uno de Antioquia y otro de Caldas.

Gobernadores: también han sido sancionados 66 gobernadores, lo que demuestra que, en promedio, salen a más de dos por cada departamento, ya que el país tiene 32 gobernaciones. En los primeros lugares aparecen las regiones más sufridas de Colombia: Caquetá y Casanare, con 6 gobernadores condenados en cada una. Amazonas no se queda atrás, con 5, lo mismo que La Guajira, y luego Guainía con cuatro, al igual que Cesar y Vaupés.

En cuanto hace relación con los diputados de las asambleas departamentales, 5 son de Caquetá, 3 de Antioquia y 3 del Cesar.

En estos siete y medio años también han sido sancionados 23 integrantes del Congreso Nacional, entre senadores y representantes, que se reparten así por partidos: 8 liberales, 4 conservadores, 3 de Convergencia Ciudadana, 2 de ‘la U’ y uno por cada uno de los siguientes partidos: Apertura Liberal, Cambio Radical, Colombia Democrática, Colombia Viva, Integración Nacional y Polo Democrático.

¿Beata o extremista?

Las cifras me dan vueltas en la cabeza. Me pregunto cuál será la política colombiana contra la corrupción, si es que hay alguna. La gente trabajadora y los sectores productivos pagan cada día más impuestos, y mientras tanto los corruptos disfrutan de la casa por cárcel.

Periodista al fin y al cabo, no puedo desperdiciar la oportunidad de preguntarle al Procurador qué siente él cada vez que algún columnista lo llama vieja beata, rezandera o inquisidor. Lo veo sonreír por primera vez.

–Los entiendo cuando me atacan por mis creencias religiosas, porque eso demuestra ausencia de argumentos para cuestionar mi gestión en la Procuraduría. No escondo mi fe ni me avergüenzo de ella. Ella es mi fortaleza y no constituye amenaza o desafío para nadie. También me dicen extremista de derecha y, sin embargo, de los 23 congresistas que he sancionado, 15 lo han sido por paramilitarismo y solo uno por vínculos con la guerrilla.

Epílogo

Cuando me tiende la mano para despedirse, le pregunto si es verdad que va a ser candidato presidencial del uribismo o del conservatismo. Sonríe de nuevo. Ya van dos veces. Ahora me parece que soy yo el que está empezando a hacer milagros.

–Yo no me dejo tentar –responde– porque Colombia vive una crisis institucional sin precedentes y mucha gente ve en la Procuraduría la única voz institucional ante ese panorama. Solo aspiro a que me dejen terminar mi período, a pesar de que las Farc y el presidente Santos se estén herniando por sacarme…

Fuente: JUAN GOSSAÍN Especial para EL TIEMPO

Las propuestas de Colombia en Londres para combatir la corrupción

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Foto: EFE

David Cameron, 'premier' británico (izq.); Jhon Kerry, secretario de Estado de EE. UU., y el presidente Juan Manuel Santos en la cumbre global sobre lucha contra la corrupción.

El presidente Juan Manuel Santos aseguró ayer que es vital el “intercambio de información” para combatir el flagelo de la corrupción y proteger a quienes acuden ante las autoridades para denunciar.

Así lo advirtió el mandatario durante su intervención en la cumbre global de lucha contra la corrupción, que se realizó en Londres.

Santos moderó una sesión en la que participaron el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena; el ministro de Justicia en funciones de España, Rafael Catalá, y la activista en materia de lucha contra la corrupción en Rumania Laura Stefan.

La tesis del presidente Santos es que la cooperación internacional es clave para luchar contra la corrupción, pues el delito organizado tiene siempre algún tipo de conexión global, como por ejemplo sucede con los carteles de la droga.

El jefe de Estado agregó que es necesario recurrir a las nuevas tecnologías para combatir este flagelo, y puso como ejemplo el caso conocido como papeles de Panamá. “La corrupción le tiene miedo a esa luz”, advirtó Santos, quien enfatizó en que “también hay que proteger a los informantes porque muchos corren peligro en algunos países”.

Colombia, durante su participación en esta cumbre, se comprometió a fortalecer la lucha contra la corrupción por medio de una mejora de las políticas de prevención y fortaleciendo la rendición de cuentas.

Además, Santos reiteró la propuesta de quitarles la visa a los corruptos para impedirles la libre movilidad y la realización de negocios. Este aspecto haría parte del intercambio de información que planteó.

El anfitrión de esta cita, el primer ministro británico –David Cameron–, resaltó la importancia de la cumbre y aseguró: “Vimos al mundo unirse contra un enemigo común, pues los países han ido más lejos que nunca en condenar la corrupción y en comprometerse a eliminarla”.

Encuentro de líderes

Antes de participar en la cumbre, Santos y Cameron sostuvieron un encuentro con varios líderes del mundo para analizar otras medidas que se puedan tomar para combatir este flagelo. En la cita, realizada en Lancaster House –sede de algunas oficinas gubernamentales inglesas–, estuvieron presentes el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, y el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, entre otros líderes.

Fuente: EL TIEMPO

Primero la ética - La paz es un valor moral

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Francisco de Roux

En nuestra realidad de 7 millones de víctimas y 50 años de guerra, la paz emerge como valor fundamental y nos obliga a la tarea ética difícil de un nuevo ordenamiento de los valores.

Se decidió en La Habana dar seguridad jurídica al acuerdo final mediante su inclusión en el acto legislativo para la paz, la refrendación popular, el depósito de este en Ginebra, su incorporación como artículo transitorio a la Constitución, el control de la Corte y la implementación en el Congreso.

El debate y las preocupaciones sobre esta decisión evidencian la magnitud del proceso de cambios que se desata a partir de la terminación del conflicto armado. De allí que en este momento crucial de participación democrática tenemos la responsabilidad de informarnos bien, de no dejarnos manipular, de actuar en libertad.

La discusión toca el bien futuro de Colombia, y antes de entrar en el debate político llama a una reflexión ética sobre nuestra responsabilidad ante las cosas que nos hacen crecer como seres humanos y las cosas que nos desbaratan hoy y aquí.

La consideración ética* parte de nuestros sentimientos, que espontáneamente temen y rechazan unas cosas y se apasionan por otras, pero que no determinan si las cosas son buenas o malas. Y tenemos que estar atentos porque ante los acuerdos de paz líderes políticos y medios masivos actúan sobre nuestros sentimientos para exacerbar emociones, confundir y atrapar.

La ética pide que demos un ordenamiento a la manera de responder a nuestros sentimientos, subordinando su espontaneidad a valores morales que exigen nuestra decisión libre para convertirse en realidades. La paz, antes que una causa política, es un valor moral como lo son la dignidad, la verdad, la justicia, el perdón, el cuidado de la naturaleza. Y, por supuesto, no son valores los partidos, ni los presidentes, ni la guerrilla, ni el Ejército, ni la Procuraduría, ni las empresas, ni las cadenas de radio y TV.

Ahora bien, a los valores los escogemos dentro de ordenamientos jerárquicos donde unos van primero, condicionando a otros. Este orden determina la política, la economía, la familia. Y, obviamente, hay distintas posibilidades de ordenar los valores. Se puede, por ejemplo, poner primero la propiedad privada y subordinar a esta la seguridad y la justicia, y finalmente la paz. O poner primero la vida y la paz, y luego la justicia y la seguridad.

La opción por un orden de valores nos permite satisfacer nuestros deseos e intereses a costa de restricciones acordadas democráticamente, y nos sitúa en el campo del bien común, pues al elegir los valores en un ordenamiento nos jugamos el sentido de nuestra sociedad, pues establecemos así el fin en función del cual queremos transformar a Colombia y elegimos transformarnos como personas para que ese fin sea posible.

Las constituciones expresan este orden de valores en la lista de derechos fundamentales, y la misma ética pide que en circunstancias extraordinarias los pueblos reorganicen el orden de valores o reinterpreten el existente, y sobre todo que establezcan desarrollos de los derechos y valores reorganizados. Es obvio que en nuestra realidad de 7 millones de víctimas y 50 años de guerra, la paz emerge como valor fundamental y nos obliga a la tarea ética difícil de un nuevo ordenamiento de los valores.

En esta compleja situación, encontré moralmente significativa la opción de las víctimas que fueron testigos de la firma de la Justicia Transicional en Cuba. Allí, los sobrevivientes de la guerra decidieron aceptar el acuerdo jurídico y al mismo tiempo, autónomamente, se comprometieron a participar como protagonistas en su implementación para asegurar la no impunidad, la verdad, la no repetición, y para cuidar de la reparación, la plena dejación de armas y el respeto a la vida y los derechos de todos los colombianos.


Francisco de Roux
* B. Lonergan, ‘Insight, The Possibility of Ethics’, U. of Toronto Press, 1992.