Es ineludible (y ya se ha hecho tarde) que en Colombia haya mejores carreteras: más rápidas, más inteligentes, que permitan un país mucho menos rústico y lento. Es útil, también, para tratar de la manera más propia los compromisos comerciales internacionales que el país ha adquirido en los últimos dos años.

Desde el año pasado viene hablándose de la infraestructura de cuarta generación. En este, esperamos, tomará un protagonismo mucho más destacado. Lo que falta es lo que se espera: tren a Santa Marta, de Bogotá a Villavicencio en 90 minutos, ir del centro a la Costa Caribe en 10 horas, atravesar el Alto de la Línea por un túnel. Cosas así. Cosas que, se sabe, hacen falta acá.

Es en el primer semestre de este año que comienza que se adjudicará la contratación de los nueve primeros corredores de concesiones de cuarta generación. La Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— es la encargada de adelantar esta operación. Fonade, a su vez, debe finalizar otras que llevarían, en total, a 21 nuevas obras para el desarrollo de este país.

Diana María Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, escribió en este diario que lo fundamental es que el Gobierno Nacional garantice la ejecución de la totalidad de las obras en el tiempo previsto, para que de esta manera el sector pueda hacer una contribución significativa a la economía colombiana: se estima que superará el 3% del Producto Interno Bruto. Los expertos indican, por la misma línea, que el liderazgo de los sectores lo tendrá la infraestructura.

Ante obras de tamaña envergadura, que suponen miles de millones de pesos de inversión, hay que tener cuidado. Hay que hacer un proceso licitatorio y de adjudicación impecable, por decir lo menos. Uno en el que se contrate a gente seria, en el que se den garantías plenas y suficientes para que las obras lleguen a su fin con la calidad esperada y en el tiempo presupuestado. Hacer lo necesario, más que lo urgente, debe atender a todas las contingencias posibles. Es por eso importante lo que la ANI ha implementado para blindar dichos procesos.

Los consorcios a los que se les adjudiquen las concesiones de la cuarta generación deben disponer de los recursos y la capacidad necesarias para llevar a cabo las obras: dicho en cristiano, una póliza de cumplimiento, equivalente al 15% del valor del contrato, así como asumir plenamente el riesgo de la construcción y una inversión superior al 20% de la inversión estimada, condicionamiento previo al inicio de las obras. Llamémoslo un blindaje con el fin de que no dejen el corredor vial hecho a la mitad. Un constructor que incumpla, no sólo sera sujeto de no recibir retribución alguna, sino que deberá ser castigado con las sanciones previstas en la ley y en el contrato mismo.