Félix Pinto

Acciones - Quejas

Municipios se rajan con sus Planes de Ordenamiento

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El 97 % no incluye estrategias de desarrollo rural y más de la mitad no cumple con lo mínimo.

Un buen POT debe delimitar los usos y la intensidad de ocupación del suelo.

La mayor parte de los municipios de Colombia se raja en materia de ordenamiento territorial.

En las ciudades en expansión se construyen viviendas en zonas de alto riesgo; en muchos barrios citadinos, la gente no tiene calidad de vida porque el ruido que proviene de las vías congestionadas los enloquece. Algunas industrias quedaron incrustadas en el corazón de las áreas habitacionales y las grandes ciudades se están desbordando hacia pequeños pueblos vecinos sin ningún límite.

Estas situaciones se presentan porque, aunque hay normas a granel que vienen sumándose desde 1940, el ordenamiento territorial todavía no se ha tomado con la seriedad que esto demanda. Es más, en ocasiones, alcaldes y gobernadores lo ven como una talanquera para expandir sus territorios.

Eso es lo que se desprende de un diagnóstico sobre Planes de Ordenamiento Territorial (POT), realizado por la subdirección territorial de Planeación Nacional, el cual será presentado próximamente a manera de preámbulo del lanzamiento del Programa de Actualización para Construir POT más modernos.

Sobre el tema no se pude desconocer que existen avances, por lo menos en la adopción de los POT, pues, según el diagnóstico, de los 1.102 municipios con que cuenta el país, solo cinco carecen de este instrumento clave para la planificación y articulación de las ciudades.

“Las administraciones municipales no han logrado identificar las bondades y oportunidades de estos instrumentos”, señala Planeación en el diagnóstico.

Cabe destacar que, según las leyes existentes, hay tres clases de ordenamiento: Plan de Ordenamiento Territorial para municipios con más 100.000 habitantes, Plan Básico de Ordenamiento Territorial para los que cuentan con población entre 100.000 y 30.000 habitantes y Esquemas de Ordenamiento Territorial para los municipios con menos de 30.000 habitantes.

La medición de Planeación los juntó todos y encontró que más de la mitad no cumple con los estándares mínimos; el 60 por ciento tiene mal planteados hasta los objetivos y las metas, un 7 por ciento ni siquiera incluyó esos aspectos y, lo más grave aún, el 97 por ciento no contempló estrategias de desarrollo rural, tema crucial, a la luz de un eventual acuerdo de paz.

Tales deficiencias llevan a situaciones, según las cuales el 52,5 por ciento de la población urbana está ubicada en áreas de escasez de agua; la no despreciable cifra de 33 por ciento de colombianos viven en áreas de riesgo de deslizamiento y el 48 por ciento, en lugares donde corren peligro de inundaciones.

Otra consecuencia de un ordenamiento mal realizado la padece la mayor parte de los ciudadanos de este país: la congestión vial, debido a que “los sistemas viales son planeados por las diferentes escalas del gobierno, pero poco se complementan ni relacionan”, precisa el diagnóstico.

La tarea no es fácil

Según expresa Manuel Fernando Castro, subdirector de Planeación, la intención de esta revisión es aprovechar la llegada de los nuevos mandatarios locales y el vencimiento del periodo de vigencia de los POT para motivar a las entidades territoriales a actualizarlos.

Esto, porque el 83 por ciento (916) perderá vigencia en diciembre próximo, toda vez que “los POT definen un marco de acción de corto, mediano y largo plazos que involucra como mínimo tres periodos constitucionales para el componente general, dos para el componente urbano y rural y uno para el programa de ejecución”, señala el documento elaborado por Planeación Nacional.

Claro está, la tarea no será fácil, pues se estima que se requiere de al menos un año y medio para formular, concertar y consultar, para luego adaptar un POT.

Tradicionalmente, la tarea prioritaria de los nuevos mandatarios locales es la formulación de su Plan de Desarrollo, con el que tardan parte de su primer año de mandato, luego del cual se olvidan de que el POT debe ser articulado con este.

El problema es que la actualización y modernización de los POT ya no da más espera, pues si en el 2015 el 78 por ciento de la población vive en zonas urbanas, en el 2035 la cifra ascenderá a 83 por ciento, según los estimativos oficiales. En consecuencia, esa urbanización acelerada exige dirimir los conflictos que se presentan entre las áreas protegidas y el crecimiento urbano, asó como corregir la desarticulación entre el desarrollo del país y el de la región y el municipio, entre otras.

Otros hallazgos

De acuerdo con el diagnóstico de Planeación Nacional, de los POT existentes, los de mayores incongruencias son los de primera generación, que fueron adoptados alrededor de los años 50 y “carecen de la estructura básica y de los criterios técnicos y metodológicos suficientes para una adecuada planificación del ordenamiento del suelo urbano-rural de los municipios”.

Desde esa perspectiva, hay que tener en cuenta que un buen POT debe delimitar los usos y la intensidad de ocupación del suelo, la infraestructura para el sistema vial y servicios públicos, las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, las zonas destinadas a la vivienda, el espacio público y los equipamientos.

Según las evaluaciones hechas, un 60 por ciento de los POT definió mal su área urbana, el 62 por ciento no tiene planos cartográficos y un 60 por ciento no tiene en cuenta el uso agrícola del suelo.

Pero si llama la atención el hecho de que el 97 por ciento de los POT no tienen estudios de amenazas de riesgo, es aún más llamativo que municipios como El Charco y Mosquera, en Nariño; Santa Bárbara, en Antioquia; Tuchín, en Córdoba y Norosí, en Bolívar, ni siquiera tienen un borrador para ordenar su territorio.

Y ¿qué hay de los POD?

Son los Planes de Ordenamiento Departamental (POD). Según Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, lo que se está tratando de construir con estos es la armonización de los POT del país y es un instrumento jurídico de ordenamiento territorial no solo para tener claridad sobre la conservación de las cuencas hídricas o en el usufructo de la agricultura del país en el desarrollo nuestras ciudades.

“El POD lo que tratará de identificar es la armonización de los POT.

Hoy tenemos una figura en la que, por ejemplo, en la línea imaginaria del POT, de un lado el municipio es rural y del otro, urbano; por el lado del municipio se protege la cuenca hídrica y por el otro no, o se permite la minería y en el otro no. La figura del POD lo que busca es armonizar todo ese ejercicio”, explica el funcionario.

Advirtió que si bien cada departamento tiene su plan de desarrollo, no tiene una figura rectora superior a más largo plazo. El POD lo que busca es hacer eso.

“Lo que queremos es volver a la figura original donde el POD es el que lidera el plan de desarrollo y articular la inversión con el ordenamiento territorial”, indicó.

Fuente: eltiempo.com

MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios

La dificultad de sancionar por demoras en obras

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En el sitio por donde va pasando esta moto había un hueco que le costó la vida a un joven de 22 años, el 30 de junio.

El pasado 30 de junio, Brandon Naranjo, un supervisor de 22 años, salió disparado de su motocicleta al caer en un hueco de la avenida 68 con calle 34 sur. Al precipitarse a tierra, se golpeó contra el pavimento, sobrevivió 20 minutos al golpe y al final murió.

Lo dramático de esta historia es que el hueco que desestabilizó su motocicleta debía estar tapado tres meses y 28 días antes del fatal accidente. Así quedó estipulado el 3 de marzo, cuando el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) firmó el acta de inició de un contrato por 1.392 millones de pesos con la firma Construcciones AR & S Ltda., para tapar unos 2.300 huecos en la avenida 68, la Primero de Mayo y la calle 13, localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

El contrato tenía un plazo de seis meses para su ejecución, y el día del accidente de Brandon habían pasado casi cuatro. Y lo que es peor, el 30 de abril y el 4 y 15 de mayo, por solicitud del IDU, el interventor le pidió al contratista “atención de emergencia y reparaciones puntuales al corredor de la avenida 68, desde la calle 22 hasta la autopista Sur”. Hoy, las obras no han comenzado.

Esta es solo una muestra, por desgracia trágica, del efecto que produce en los ciudadanos el incumplimiento de los contratos de obra pública, que lleva a suspensiones, prórrogas y costos adicionales.

EL TIEMPO investigó qué está pasando con los contratos en Bogotá y por qué, con tanta frecuencia, su ejecución se suspende, se prorroga una y otra vez, y la entrega de las obras se pospone hasta dos años y más después de la fecha inicialmente pactada.

De los 80 contratos que están en ejecución actualmente en Bogotá, por cuenta del IDU, 19 tienen un atraso en su ejecución superior al 10 por ciento, y de estos, 11 están colgados por encima del 20 por ciento.

Detrás del incumplimiento en las obras, el IDU ha detectado falta de apalancamiento financiero de los contratistas, que a la hora de ejecutar los trabajos no tienen la solvencia económica, técnica ni administrativa que demuestran en los papeles cuando les adjudican un contrato, y una actitud reactiva de algunos interventores que llegan a apagar incendios cuando las obras ya están mal hechas o atrasadas y no a prevenir para garantizar que los contratos se cumplan.

Lo que ha pasado con la primera fase de la peatonalización de la carrera 7.ª entre la calle 10 y la avenida Jiménez ilustra el problema. La obra contratada para 10 meses va en quince porque ha tenido tres prórrogas, y el valor del contrato pasó de $ 10.357’818.183 a $ 14.451’056,978. Al contratista, el Consorcio VP Ingeniería, el IDU le impuso una multa por incumplimiento y le tiene en marcha otro proceso.

Más allá de los hallazgos arqueológicos que según el IDU y el contratista han demorado la obra, el director general de infraestructura del IDU, Leonardo Celis, explica que en ese caso se comprobó que el contratista no disponía de materiales en el frente de obra de manera oportuna, como la piedra Royal Beta y el adoquín. No tenía recursos para pagar y los proveedores no entregaron el material.

En ocasiones, no tienen para el pago de obreros ni proveedores. William Camargo, director del IDU, advierte que es frecuente que los contratistas dependan de los giros que hace la entidad y se quedan cortos para financiar, sobre todo, las primeras etapas.

Y así, no es raro que cuando llegan el IDU o el interventor a un frente de obra no se encuentre al personal pactado en el contrato, la maquinaria y equipos que se necesitan o los materiales para cumplir oportunamente con la ejecución.

Camargo dice que también son frecuentes los casos en que los contratistas no afilian a seguridad social a sus trabajadores y eso también constituye un incumplimiento que puede demorar el pago de las facturas y dificultar el flujo de recursos al contratista.

El problema para el IDU es que sancionarlos por los incumplimientos es un problema que desgasta y no da frutos. “Para nosotros, un contrato empieza a volverse riesgoso cuando supera el porcentaje de atraso del 20 por ciento”. En ese punto se inician procesos para multar, pero casi siempre terminan sin sanción. En el 2012, de 13 solo quedaron en firme 3, igual que en el 2013, cuando de 11 se sancionaron tres. El año pasado de 76 abiertos se cerraron 46 y sancionaron 16.

Lo que pasa es que la ley permite que a la hora de sancionar, si el contratista se ha puesto al día, se cierre el proceso, sin importar la demora en los frentes de obra que se van acumulando y el perjuicio que se causó a la ciudad. Así, el cierre de andenes y vías más tiempo del previsto, como ocurre en la 7.ª; los problemas de movilidad para peatones y carros y el impacto ambiental de las obras quedan sin sanción.

Interventores no anticipan el riesgo

“Prever y anticipar el riesgo”. Esa es, según el director del IDU, William Camargo, la misión de los interventores para garantizar que la obra se cumpla de acuerdo con las especificaciones, los diseños, los planos, y en el tiempo y con el presupuesto asignado.

Pero no es eso lo que, en su concepto, está pasando en Bogotá, por lo menos en la mayoría de los casos. “Pocos interventores hacen eso”, dice Camargo.

El interventor falla cuando no hace la vigilancia correcta, deja que el contrato se atrase, permite que el constructor haga obras defectuosas o no presenta los informes en la forma adecuada y de manera oportuna. “Hay cosas como que en vez de ir a la cantera a verificar la calidad del material, espera a que llegue a la obra y se compacte, y ahí sí le dice al contratista: ‘levante ese material porque no me sirve’ ”, explica Camargo. Uno de los errores de muchos interventores, según él, es que le llaman la atención al contratista cuando ya está atrasado en el cronograma, y no se anticipan en días o semanas para cerciorarse de que la planificación de los trabajos es apropiada para que no incurra en la demora. “Ellos están acostumbrados a una cosa que se llama controlar calidad, que es muy diferente a asegurar calidad”, explica.

Controlar calidad es que llego al final del proceso y lo verifico; aseguramiento es que durante cada etapa o subetapa del proceso yo garantizo que las cosas no pasen”, dice Camargo.

‘La ley facilita evadir las sanciones’

William Camargo
Director IDU

¿Por qué los atrasos rara vez terminan en sanción al contratista?

Al comienzo, la Ley 80 estableció multa por incumplimiento. Después se volvió un apremio. Si se evidencia un atraso en el 2.° mes pero el contratista lo cumple en el 6.° mes, y no se ha fallado porque se gasta cuatro meses defendiéndose, la multa se cae. Y el incumplimiento del 2.º mes, que generó seguramente tres meses más en obra, una falta de prestación del servicio en algún segmento que duró cuatro meses más abierto porque no se terminó, termina sin sanción.

Los contratistas se escudan en que aparecen redes que no estaban en los diseños…

Ese es un problema habitual en los proyectos del IDU. Reconocemos la culpa. Hay una debilidad en el catastro de redes que tiene la ciudad.

¿Y no es para eso para lo que se contratan estudios?

Sí, pero esa información nos la entregan las empresas, y nosotros hacemos algunos apliques y sondeos, pero muchas de esas redes ni siquiera están en el corredor, o están en el peor lugar. Cuando se llega a obra y mete centímetro a centímetro excavaciones, ahí es donde aparece.

EL TIEMPO

Los sermones del nuevo cardenal de casi 100 años

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“En este ocaso de la vida no podía esperar este nombramiento. Fue una sorpresa de Dios a través del papa Francisco”, expresó monseñor José de Jesús Pimiento minutos antes de recibir la investidura como cardenal emérito de la Iglesia Católica.

Por su avanzada edad (96 años) y un frágil estado de salud, Pimiento no pudo viajar a Roma a recibir dicha dignidad del Sumo Pontífice, razón por la cual el Episcopado colombiano debió organizar, el sábado, una ceremonia sin precedentes en el país.

Fue el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, quien le impuso las insignias cardenalicias.

En el acto religioso, dijo que su elección “es un honor que no se ha merecido, que nunca se esperaba”, y que acogerá las recomendaciones hechas por el papa Francisco al crearlo cardenal a tan avanzada edad:

“Me recomienda mantenerme en humildad y concentrarme en la oración con algo de penitencia, para poder dar testimonio. Y me pidió que rezara por él”, dijo con la voz un poco cansada. (Lea también: Pimiento: ¿un cardenal de 96 años para renovar la Iglesia?)

Pimiento, al igual que otros cuatro arzobispos de edades avanzadas, de diferentes países, fueron nombrados cardenales eméritos como un reconocimiento de la Iglesia a su labor, experiencia y conocimiento, con el objetivo de que se conviertan en ejemplo y testimonio para las nuevas generaciones de sacerdotes.

Retomando el mensaje del pontífice argentino, Pimiento pasó a planos más terrenales y afirmó que Colombia se enfrenta a un desafío de orden social y habló fuerte sobre varios de los principales problemas del país.

“La gran falacia nacional es la decadencia y la pérdida de la moral pública y privada, que nos va conduciendo a encrucijadas fatales”, expresó el nuevo jerarca de la Iglesia al afirmar que, si no se recuperan esos valores fundamentales, en Colombia no se podrá alcanzar una paz sostenible.

Cree también que el país debe dejar de ser una nación donde prevalece la violencia en todas las dimensiones y matices posibles.

“La corrupción administrativa grande y generalizada, junto con una gravísima inequidad social, no pueden seguir; se debe emprender la construcción de una patria digna, con futuro y progreso sostenibles”, añadió.

En su sermón, Pimiento afirmó que dichos “males” han crecido sin freno, con el paso del tiempo, debido a la pérdida de ética personal y social. (Lea: La disciplina ha guiado los pasos del segundo cardenal colombiano)

“Tenemos que emprender todos, comenzando por los dirigentes políticos y sociales, la recuperación de los valores esenciales hasta alejar toda violencia, toda corrupción, y terminar decidida y legítimamente con el flagelo insensato e inmoral del narcotráfico”, agregó el nuevo jerarca del catolicismo e hizo énfasis en que “los caminos de la paz en Colombia sean la paz de Cristo”.

Pimiento, arzobispo emérito de Manizales, nacido en Zapatoca (Santander) el 18 de febrero de 1919, se convirtió así en el noveno cardenal que ha tenido Colombia.

Actualmente, con él, son cuatro; los otros tres son Darío Castrillón, Pedro Rubiano y Rubén Salazar. Sin embargo, de los cuatro, únicamente Salazar está activo. Por mayoría de edad eclesiástica (más de 80 años), Castrillón y Rubiano ya gozan del retiro.

Llamado a las familias

En una entrevista concedida al portal de la Arquidiócesis de Bogotá –no ha estado disponible para hablar con la prensa–, habló de la necesidad de fortalecer las familias colombianas.

“La familia tiene que recuperar los valores que perdió; ha dejado de ser evangelizadora, se ha vuelto mecánica, de cosas materiales, y perdió la espiritualidad de hogar. La familia tiene que recuperar la espiritualidad cristiana y ser evangelizadora”.

Afirmó que si las familias no son restauradas con valores espirituales y morales, la sociedad no podrá recuperarse de la crisis en la que se encuentra.

“Estamos en una sociedad muy descompuesta; la injusticia social es también causa de la crisis de la familia y la sociedad. Necesitamos defender los valores esenciales de la familia”, señaló.

También hizo un llamado a los sacerdotes para que lleven el mensaje de Cristo de acuerdo con la sociedad actual; según él, no se está evangelizando a la altura de lo que necesita el mundo de hoy.

“La evangelización se quedó en los tiempos de la cristiandad, y hoy no hay cristiandad: lo que hay es una sociedad secularizada, materialista, desorientada, y necesitamos unos pastores de mucho abrigo”, enfatizó el cardenal José de Jesús Pimiento.

Fuente: Eltiempo.com

La cruzada anticorrupción latinoamericana

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Brasil está en la cruzada anticorrupción: protestó contra esta antes y después del mundial. Y sigue ahora con el escándalo Petrobras.

Aun cuando gran parte de Latinoamérica participa en celebraciones casi de hipérbole por los renovados vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, el continente enfrenta dos grandes desafíos. El primero –la caída del crecimiento económico a menos del 1 por ciento en promedio en toda la región– ya se ha discutido vastamente; la explicación predominante es que la reducción del crecimiento económico chino ha sofocado los precios de las materias primas y, con ellos, los ingresos latinoamericanos por exportaciones. Pero es el segundo –el resurgimiento de la corrupción– el desafío que está resultando más interesante.

Latinoamérica se ha visto asolada por la corrupción durante siglos, desde que surgió de lo que el poeta mexicano Octavio Paz llamó naturaleza “patrimonialista” del reinado colonial español y portugués. Lo que ha cambiado en la actualidad es la respuesta a ella: las sociedades e instituciones se rehúsan a ser cómplices en la corrupción o a resignarse a su inevitabilidad.

Esta actitud queda ejemplificada en la proliferación de juicios, investigaciones, demostraciones, condenas y renuncias relacionadas con la corrupción; especialmente en Brasil y Venezuela y, en menor medida, en México y Guatemala. En esos cuatro países han estallado grandes escándalos en los cuales funcionarios del gobierno de alto nivel y líderes empresariales han sido denunciados por los medios, el sistema judicial, los gobiernos extranjeros o la oposición local.

Si bien ninguno de los gobiernos implicados en los escándalos colapsará –al menos, no exclusivamente por la corrupción– la magnitud de la protesta social y política –ni que hablar de las acciones legales– es asombrosa.
La historia más escandalosa se ha desarrollado en Brasil. A fines del año pasado, cuando el descontento ya se había extendido y las protestas contra los excesos y abusos en las preparaciones para la Copa del Mundo habían estallado en 2013, apareció el escándalo del petrolâo.

Se reveló que enormes sumas de dinero habían sido transferidas directamente, o a través de gigantescas empresas constructoras, desde la empresa petrolera brasileña Petrobras al Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff.

Denunciantes internos y testigos protegidos proporcionaron detalles de los arreglos a los jueces brasileños, que persiguieron a los funcionarios de Petrobras, a políticos y a los directores ejecutivos de las corporaciones investigadas. Tanto Rousseff como su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, han sido acusados de cohecho y tráfico de influencias. Aunque Rousseff se las ingenió para continuar en el poder en la elección de diciembre –que ganó por un pequeño margen– no puede negarse que la crisis política ha envuelto al Brasil, sumergiéndolo en una profunda recesión.

En Venezuela, las acusaciones filtradas por el gobierno estadounidense sugieren que muchos de los líderes del país –entre ellos, Diosdado Cabello, líder del Congreso y mano derecha del presidente Nicolás Maduro– no solo se enriquecieron, sino que lo hicieron en parte a través de vínculos con los carteles de droga colombianos. Con el brusco deterioro de la economía venezolana y la proliferación de la violencia y las violaciones de los derechos humanos, Maduro se ha visto obligado a llamar a elecciones para diciembre. Las encuestas indican que, a pesar de un sistema electoral amañado, su partido sufrirá graves reveses. Incluso, puede perder su mayoría en el Congreso.

La situación en Guatemala no es tan dramática en términos económicos, pero hay una enorme presión sobre el presidente Otto Pérez Molina para que renuncie mientras las acusaciones de corrupción alimentan masivas demostraciones callejeras. De hecho, aunque Pérez Molina sobrevivió a una acusación por mal desempeño de sus funciones en junio, es posible que no llegue a completar su mandato, que finaliza el año próximo; se ha visto obligado a aceptar la renuncia de su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y de varios ministros de su gabinete.

La situación mexicana es más compleja. El país cuenta con una vasta y antigua reputación de corrupción. Pero desde fines de la década de 1990 –y especialmente después del 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado durante 70 años, fue barrido del poder– México logró avances significativos para combatir esas prácticas, al menos en el nivel federal.

Si bien hubo quienes temieron que, con su regreso al poder en el 2012, el PRI reinstalaría sus antiguos métodos corruptos, otros creyeron que el presidente Enrique Peña Nieto era diferente. Y, de alguna manera, los optimistas estaban en lo cierto; durante los últimos tres años Peña Nieto ha emprendido importantes reformas innovadoras. Pero en términos de corrupción, resultaron estar muy equivocados; algo que se hizo evidente el año pasado cuando los medios locales e internacionales descubrieron actividades corruptas a montones: desde el otorgamiento de contratos a amigos hasta la compra de viviendas a esos mismos amigos, a precios inferiores a los de mercado.

Luego de las revelaciones, la popularidad de Peña Nieto se desplomó. Aunque su partido se las arregló para mantener la mayoría en la cámara baja del Congreso, solo recibió el 29 por ciento de los votos, su menor participación en la historia. Los llamados a la renuncia del presidente han zozobrado, pero la conclusión casi unánime es que este es el gobierno mexicano más corrupto desde fines de la década de 1980.

Muchos otros países latinoamericanos se encuentran en situaciones similares. En Chile, Michelle Bachelet enfrenta la crisis política más importante de su presidencia y, quizás, desde el regreso de la democracia en 1989. Comenzó con acusaciones de tráfico de influencias contra el hijo y la nuera de Bachelet, y continuó con la aparición de otros escándalos que probablemente involucren a ministros del gabinete y a otros asesores. Bachelet intentó mostrar a los votantes que se tomaba en serio la cuestión y exigió la renuncia de todo el gobierno (aunque varios asesores clave fueron nombrados nuevamente o asignados a otros puestos). De cualquier manera, su popularidad ha caído a niveles notablemente bajos.

Con el recalentamiento de la campaña presidencial en Argentina, se presentarán cargos –con o sin fundamento– contra la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner, cuyo patrimonio neto aumentó vertiginosamente durante los 13 años en los que ella y su ya fallecido marido dirigieron el país.

De manera similar, la propuesta del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para construir un canal interoceánico en su país (con un oscuro empresario chino, quien supuestamente cubrirá los enormes costos que podrían estar entre los 55.000 millones y los 100.000 millones de dólares) es considerada en gran medida –aunque sin pruebas– como un ardid para generar dinero para su familia.

Claramente, los inmensos progresos latinoamericanos para consolidar la democracia durante los últimos 30 años han logrado poco para erradicar uno de los flagelos de más larga data. Pero ahora hay una nueva fuente de esperanza: sus pujantes clases medias, el producto de 15 años de impresionante progreso económico y social. Estas nuevas clases medias están exigiendo un mejor gobierno... y no descansarán hasta obtenerlo.

Sobre el autor

Jorge G. Castañeda, excanciller de México y catedrático de Política y Estudios sobre América Latina y el Caribe en la Universidad de Nueva York.

JORGE G. CASTAÑEDA
Project Syndicate

Fuente: eltiempo.com / 30 de julio del 2015

PRESIDENCIA - Ordenan reportar toda sospecha de corrupción

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Cualquier situación que pueda derivar en un acto de corrupción en las entidades estatales deberá ser reportada, de forma inmediata, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para tomar las medidadas necesarios. La orden impartió el presidente Juan Manuel Santos en una directiva.