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Se necesitan 15 años y $ 195,5 billones para transformar el campo

El desarrollo rural es punto clave del acuerdo de paz que se negocia en La Habana y, a su vez, la paz garantizará un progreso sostenible del campo.“Las recomendaciones para transformar el campo colombiano están cayendo en tierra fértil”, dijo el presidente Juan Manuel Santos luego de recibir el informe final de la Misión Rural, de manos su director, José Antonio Ocampo, quien destacó que “la construcción del desarrollo rural se debe hacer desde abajo”. (Ver infografía: Lo que halló la misión rural en el campo colombiano)

El espaldarazo de Santos a las estrategias planteadas se dejó ver, luego de anunciar que “estas sugerencias las vamos a acatar de manera anticipada, a través de una profunda reforma institucional de nuestro sector agrícola, que ya está lista, con unos decretos que expediré la semana entrante”, dijo el mandatario. (Lea también:Las iniciativas para mejorar el campo)

 
 

Seis líneas gruesas contempla la propuesta de la Misión, que puso 15 años y una demanda de recursos por 195,5 billones de pesos (13 billones anuales) para lograr que el campo vuelva a florecer.

8,1 billones de pesos (0,7 por ciento del PIB) serían gastos nuevos, y el resto sería financiado con la reasignación de recursos existentes”, indica el informe.

La abultada cifra para hacer realidad cada una de las propuestas de la Misión tendrá que salir del presupuesto general, pero permitirá duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, según dijo Ocampo. “Hoy es de 1,5, y pasaría a 3 por ciento anual”.

Y no es para menos: en el campo colombiano están circunscritos el 60 por ciento de los municipios colombianos y el 30 por ciento de la población. No obstante, más del 90 por ciento de los ciudadanos del área rural dispersa son pobres y vulnerables, y hasta ahora habían sido una pieza aislada de las políticas de Estado.

Las 6 claves

Inclusión social para el cierre de las desigualdades entre los habitantes rurales y los de la ciudad, un ambicioso programa de inclusión productiva y agricultura familiar, la construcción de un sector agropecuario competitivo, un desarrollo ambientalmente sostenible, una estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial, y el ajuste institucionalidad son las seis líneas propuestas.

El punto de partida para establecerlas fueron los diagnósticos, incluido el recientemente divulgado Censo Agropecuario, según el cual solo el 36 por ciento de los hogares rurales son dueños de su principal activo, la tierra.

Es por ello por lo que una de las metas, según lo expresado por Ocampo, es recuperar las tierras que no han sido explotadas, para redistribuirlas. “Nuestra Constitución dice que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Esto tiene antecedentes desde la Colonia, si se entregaba una propiedad rural era para que se explotara, no para que se acumulara. Por eso vino históricamente la capacidad del Estado de recuperar tierras que no habían sido explotadas. La extinción de dominio hoy se utiliza para el narcotráfico, pero tuvo su origen en la legislación agraria. En algunas partes hay tierra que no ha sido explotada. La propiedad de estas tiene que ser rescatada”.

Para la tarea de darle la tierra al que la trabaja, no se descartará ninguna estrategia, pero una de las más fuertes debe ser la compra, por el Estado. “Tenemos un cálculo que indica que el país puede triplicar la cantidad de recursos que se le han asignado al Incoder para la compra de tierras”, sostuvo Ocampo.

Paz y bienestar

Alrededor de cada debilidad que hay en el campo la Misión puso una pieza para armar el engranaje completo. Eliminar la desnutrición, promover la campaña de cero analfabetismo, invertir en comercialización a través de la modernización de los sistemas de abastecimiento y promover escalonamientos de alianzas productivas entre agricultores familiares y empresarios hacen parte del paquete.

La Misión propone elaborar un registro de agricultores familiares para enfocar mejor los recursos públicos. Además, crear un fondo de tierras que trace el camino para reducir la concentración de la misma y crear zonas de desarrollo empresarial. En este último aspecto, de acuerdo con lo dicho por Ocampo, “hubo consenso en el consejo directivo de la Misión para que en estas zonas el Estado no entregue propiedad, sino que haga concesiones a largo plazo o las entregue en arrendamiento”.

El desarrollo rural es punto clave del acuerdo de paz que se negocia en La Habana y, a su vez, la paz garantizará un progreso sostenible del campo.

Entrevista

José Antonio Ocampo, director de la Misión Rural.

¿Es esta la reforma agraria estructural que estaba en mora?

Si por reforma agraria se concibe que haya mayor acceso de los pequeños a la tierra y a los recursos productivos, y que haya un apoyo a sus proyectos productivos, sí. Pero aquí hay mucho más. La propuesta es rural, no solo agropecuaria. Incluye la educación, la salud, el agua para la población rural...

Es para los pequeños, pero no excluye políticas para la agroindustria...

La competitividad no excluye la agroindustria. Más aún, existe posibilidad de hacer asociaciones entre unos y otros.

¿Cómo serán las zonas de desarrollo empresarial?

Nos referimos aquí a unas figuras que quedaron en la Ley 160 de 1994. Unas eran las zonas de reserva campesina, que se desarrollaron, pero las de desarrollo empresarial no. La idea es que haya apuestas en territorios que hoy no están siendo explotados, pensando, por ejemplo, en la altillanura, donde podamos hacer grandes apuestas productivas.

¿De dónde saldría la tierra para alimentar el Fondo de Tierras y redistribuirla?

De distintos lados. Baldíos, recuperación de tierra que no ha cumplido su función social o que fueron apropiadas indebidamente, pero también creemos que una parte tiene que ser comprada por el Estado para redistribuirla.

¿Cómo cerrarían la brecha en el interior del mismo campo?

Proponemos el impuesto predial como incentivo al buen uso de la tierra. Para ello hay que actualizar el avalúo catastral, y que no sea cofinanciado por el municipio, lo que no ha funcionado. Que se haga con presupuesto general.

¿De qué depende que esto se haga realidad?

El gran problema ha sido la inestabilidad institucional. Donde no la hay, se ven los avances.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios

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